Las víctimas de la guerra siguen peregrinando por México para ser reconocidas por el Estado. El desprecio institucional ha sido la constante; la indiferencia la respuesta.

El fracaso de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos, Províctima, ha dejado en la indefensión absoluta a todos. Fue una institución creada mediante decreto presidencial y al vapor por Felipe Calderón en los estertores de su sexenio. Forma parte de la simulación del poder. Províctima es una burla a las personas que más han sufrido en este país a consecuencia de las distintas violencias; es inoperante y carece de estructura y protocolos para atender a las víctimas.

Surgió el 6 de septiembre del 2011 y su balance de actividades refiere que encontró a 113 personas desaparecidas, lo que no explica, es que no se trata de desapariciones forzadas cometidas por Ejército, Marina y las distintas policías; ni desapariciones del crimen organizado. Se trata, de 113 casos de personas que se habían ido de sus casas por enojo con sus familiares, estaban en prisión o bien, hospitalizadas.

Províctima es un fiasco, fue creada como respuesta a las protestas de los familiares de desaparecidos, agrupados en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia. Después de aquella mediática puesta en escena en el Palacio de Chapultepec y de los abrazos y besos del poeta, a Genaro García Luna y otros ilustres personajes, Calderón traicionó los deseos de justicia y reparación que persiguen millones de personas. Peor, utilizó de manera obscena a Sicilia y a los familiares de las víctimas, para simular que su gobierno atendía los casos. Finalmente, no solo los engañó, sino que se burló de ellos, ordenando el memorial de Campo Marte, un mausoleo indigno que parece más una fosa común, un símbolo a la ignominia de la guerra iniciada por Calderón y continuada por Peña Nieto.

Ahora, nuestro querido Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, vuelven a ser parte de otra operación mediática con abrazos incluidos a Peña Nieto y algunos de sus colaboradores. Esta vez, el nuevo inquilino de Los Pinos nos ofrece una reedición de Províctima, por supuesto, en formato diferente. Para no repetirse. Aunque la simulación parece ser la misma: demostrar que el tema le importa.

Pareciera que México es el país de los montajes. Y que de alguna forma, unos son protagonistas y otros personajes secundarios. La nueva puesta en escena fue en Los Pinos, para ofrecernos un proyecto de decreto para expedir la Ley General de Víctimas. Y se lanza con bombo y platillo, con un gran aparato de publicidad y propaganda. El galán protagonista, se presenta dispuesto a darse un baño de popularidad con las víctimas a quienes abraza y besa, a quienes aparentemente apapacha y ofrece su hombro para que lloren en el. Allí están los videos, las decenas de fotos para ofrecerlas como prueba: “el Presidente está con las víctimas de la guerra, el Presidente consuela a las víctimas, el Presidente no tiene oídos sordos a las voces de la sociedad”.

Y Sicilia contesta: “Enrique Peña Nieto cumple su palabra”, “cumple con esa justicia que había sido traicionada”, “Enrique Peña Nieto ha hecho posible el deseo que le expresamos las víctimas en el Castillo de Chapultepec”. Y los familiares esperan al final del acto, para tocar y abrazar al mandatario sensible, al Ejecutivo afectivo, piadoso, compasivo.

Pero se trata de una puesta en escena solamente. El evento fue montado para anunciar la publicación del “proyecto de decreto” de la Ley General de Víctimas, no fue para celebrar una ley que está operando debidamente. El evento, anuncia la ley, una ley que entrará en vigor 30 días después de su publicación; una ley que tardará seis meses en tener un reglamento para que funcione; una ley cuyo Sistema Nacional de Ayuda, Atención y Reparación Integral de Víctimas deberá crearse dentro de los noventa días naturales a partir de la entrada en vigor; una ley que da un plazo de 180 días naturales para que los Congresos locales armonicen sus ordenamientos y otros 180 días para modificar la ley de Salud por lo que respecta al control sanitario de cadáveres de seres humanos, así como su Reglamento en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos… Y lo qué es peor: una ley, sin estructura operativa y sin presupuesto.

En fin, ¿por qué ser parte de una puesta en escena de algo que todavía no es una realidad?… Es el mismo error cometido con Calderón y la famosa Províctima que sirvió solo para la simulación. Es dar la oportunidad a la traición, a la nueva canallada por parte del poder. Efectivamente el anuncio es un avance, es una esperanza, pero si aún no se traduce en hechos concretos ¿para qué ayudar al gobierno a lavarse la cara?, ¿para qué adelantarse?, ¿por qué no esperarse a los hechos?

El proyecto de ley nace bajo controversia. Allí están Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí señalando que están en contra. Allí están los expertos diciendo que es anticonstitucional, señalando sus errores. Uno de esos errores es hacer una ley en base a un marco jurídico que reduce la atención a solo “víctimas de violaciones a derechos humanos”, es decir, a los caídos inocentes y no a todos aquellos que murieron en cualquiera de los bandos.

¿Cuántas leyes se han aprobado al vapor o bajo intereses de partido y son ahora letra muerta?… La última fue la ley sobre trata de personas, descafeinada por los mismos senadores priístas, que tal pareciera la modificaron para seguir protegiendo a los tratantes de personas, en especial de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual.

La Ley General de Víctimas es una imperiosa necesidad, cierto. Es un primer paso, cierto. Pero del dicho al hecho, hay un trecho. Es una esperanza para las víctimas, cierto. Pero parece ser que es más un paliativo que un remedio. No es ético jugar con las ilusiones de las personas que han sufrido tanto y a quienes a veces las mismas organizaciones no gubernamentales, engañan para que formen parte de sus particulares agendas con el poder, agendas que finalmente no ofrecen solución alguna a sus casos.

Ninguna institución está buscando a los 300 mil desaparecidos, ni mucho menos a los 80 mil migrantes a quienes sus familias perdieron el rastro en su paso por este país. En México no existe un Sistema Nacional de Desaparecidos, no hay un plan integral de excavaciones para seguir buscando fosas clandestinas, tampoco un banco nacional de ADN para cruzar datos genéticos con los más de 25 mil cadáveres sin identificar. Con las leyes existentes y voluntad política se podría haber hecho mucho. Pero el desprecio de las dependencias, la falta de protocolos y sistematización de métodos de atención y búsqueda de personas, ha generado un enorme hoyo negro de impunidad por donde caen cada día cientos de víctimas.

Pareciera, que el problema de México no es la falta de leyes, sino la aplicación efectiva de las mismas.

Sanjuana Martínez

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Es periodista especializada en cobertura de crimen organizado.

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